Nulidad matrimonial de los matrimonios canónicos - Efectos Civiles

Nulidad matrimonial de los matrimonios canónicos - Efectos Civiles
Aunque de todos es conocida la figura del divorcio, no siempre puede decirse lo mismo de la llamada nulidad matrimonial. A continuación expondremos brevemente en qué se diferencian ambas situaciones.

Como sabemos, mediante el divorcio se obtiene la disolución del matrimonio. Tiene lugar dentro del ámbito civil, ya que la forma de celebración se produce mediante funcionarios civiles.

La nulidad matrimonial, en cambio, es una figura distinta. Tiene cabida en referencia a los matrimonios celebrados mediante forma religiosa y, en concreto, mediante el derecho canónico. Por lo general, este tipo de matrimonio es indisoluble, pues así lo establecen las normas por las que se rige.

Nos planteamos entonces qué sucede cuando dos personas casadas bajo esta modalidad desean poner fin a su situación. Un matrimonio celebrado en forma religiosa tiene también efectos civiles.
Por eso, para acreditar su disolución, puede pedirse una inscripción en el Registro civil que acredite el fin del matrimonio. Pero debemos saber que esta inscripción sólo tendrá valor a efectos civiles.
Los cónyuges no podrán volver a contraer matrimonio mediante celebración católica.
De la necesidad de paliar esta situación es por lo que surge la existencia de la nulidad matrimonial. Dicha nulidad establece la inexistencia de vínculo matrimonial, permitiendo entonces que los cónyuges queden libres para volver a casarse mediante celebración católica. Ya no solo dejarán de estar vinculados a efectos civiles, sino también a efectos religiosos.

Durante mucho tiempo no fue tarea fácil conseguir la nulidad matrimonial. Eran necesarias dos Sentencias favorables distintas para que un matrimonio fuese finalmente declarado nulo.
Sin embargo, las recientes reformas en materia eclesiástica han dado un vuelco a la situación: en la actualidad, es mucho más sencillo acceder a esta vía.

También es previsible que sea más económico, pues se establece la posibilidad de reducir hasta en un 75% las tasas judiciales derivadas del proceso, así como solicitar un abogado de oficio.


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